El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación contra los grandes portales inmobiliarios por ofrecer pisos de alquiler en zonas tensionadas por encima de los precios establecidos por ley, en el caso de los grandes tenedores, o que no incluyan en el anuncio cuál era el precio del último contrato, para los particulares. Según ha adelantado EL PAÍS, el departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha iniciado la indagación después de que detectara algunas actuaciones que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta de vivienda en zonas declaradas oficialmente como tensionadas. Según el ministerio, estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo al ser “desleales por engañosas”. (View Highlight)
En una rueda de prensa celebrada este viernes en el Ministerio, Bustinduy ha informado de la investigación, ha defendido la apertura del expediente y ha subrayado que su departamento hará “todo lo que sea necesario para garantizar que ninguna empresa esté por encima de la ley”. El ministro ha subrayado que se buscará “garantizar la correcta aplicación de la ley de vivienda, luchar contra la proliferación de los pisos turísticos ilegales y erradicar las prácticas fraudulentas y abusivas de las inmobiliarias”. (View Highlight)
Pese a no mencionar directamente a ninguno de los principales portales, desde Idealista, uno de los más activos, han replicado al ministro a través de un comunicado recordándole que la responsabilidad de los anuncios inmobiliarios “corresponde siempre al propio anunciante, como titular de la información publicada, y no a la plataforma que actúa como intermediaria”, y alertando de algunas “imprecisiones” en el objeto de la investigación. La principal, que el reparto de las responsabilidades entre anunciante y plataforma viene determinado por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), de aplicación directa en toda la Unión Europea, y que, por lo tanto, “ninguna norma española puede situarse por encima” de ella. (View Highlight)
En el texto recalcan que la jurisprudencia ha confirmado en 12 sentencias anteriores sobre denuncias de la misma índole la buena praxis de la compañía, y lamentan que este tipo de comunicaciones institucionales busquen “un relato político” que después la justicia deja en nada. “Lo que puede generar una visión parcial sobre cómo funciona realmente el régimen de responsabilidad de las plataformas digitales”, añaden. Desde Fotocasa, el otro gran portal inmobiliario, rechazan hacer valoraciones sobre el anuncio de la investigación. (View Highlight)
En su comparecencia, Bustinduy no ha dado detalles de qué plataformas ni de cuántos anuncios están bajo la lupa del ministerio, y se ha limitado a señalar que la investigación se centra en comprobar si los portales han adaptado sus sistemas a estas nuevas exigencias o si, por el contrario, han permitido la publicación de anuncios que podrían inducir a error a los consumidores y desembocar en contratos por encima del precio establecido en la ley. (View Highlight)
Hasta ahora la ley de vivienda obligaba a proporcionar dicha información antes de la firma del contrato, pero la nueva norma también obliga a que esta aparezca en los anuncios. Una información que se estaría ocultando en ciertos casos. Por su parte, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada en el Congreso el pasado 11 de diciembre, y publicada en el BOE el 27 de ese mes, obliga a los portales inmobiliarios a publicar en los anuncios online de viviendas en zonas tensionadas de forma “clara y accesible” la información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada. (View Highlight)
Consumo sostiene que los diferentes portales inmobiliarios y asociaciones inmobiliarias fueron informados por carta por el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, el pasado 29 de diciembre, sobre los cambios legislativos que afectan a los anuncios online y de sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario. En esa misiva también les advertía de que su incumplimiento podría ser considerado “una práctica desleal por engañosa”. (View Highlight)
